Origen del conflicto: de la seguridad a la guerra comercial

El 21 de enero de 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció, desde el Foro de Davos via un post de X, la creación de una "tasa de seguridad" del 30 % sobre todas las importaciones provenientes de Colombia. La justificación oficial: la falta de cooperación colombiana en el control del crimen organizado y el narcotráfico en la frontera común. La medida entró en vigor el 1 de febrero mediante la Resolución SENAE-SENAE-2026-0006-RE.

Colombia respondió de inmediato. El gobierno del presidente Gustavo Petro aplicó un arancel recíproco del 30 % a 23 líneas de productos ecuatorianos (73 subpartidas), restringió el ingreso terrestre de 30 productos alimenticios, y Colombia había suspendido previamente la venta de energía eléctrica a Ecuador. En paralelo, Ecuador incrementó un 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoductos Pesados, elevándola de 3 a 30 dólares por barril.

El 26 de febrero, Ecuador escaló aún más el conflicto elevando la tasa al 50 %, vigente desde el 1 de marzo (Resolución SENAE-SENAE-2026-0017-RE). Bogotá respondió con la misma medida. Lo que comenzó como una disputa de seguridad se ha convertido en una guerra comercial abierta entre dos socios que intercambian cerca de USD 2.800–3.000 millones anuales.

Las cifras: un colapso sin precedentes

Según datos preliminares de Febrero 2026, se observa la magnitud del golpe al Distrito Aduanero de Tulcán —principal paso fronterizo terrestre con Colombia— y confirman el impacto nacional:

Fuente: DATASUR-SENAE (corte: 24/02/2026); Cámara de Comercio de Guayaquil; Fedexpor.

Para dimensionar la caída: la pandemia de COVID-19 redujo el tráfico en Tulcán un 14,6 % a lo largo de todo 2020. La tasa de seguridad produjo una contracción del 66,8 % en apenas 28 días. A nivel nacional, el Ministerio de Comercio de Colombia calcula que el arancel del 30 % equivale a una reducción anual de USD 1.803 millones en exportaciones colombianas hacia Ecuador.

Un efecto importante a considerar: enero de 2026 registró cifras récord (2.578 declaraciones; USD 143 M en CIF) porque los importadores anticiparon masivamente sus compras antes del 1 de febrero. Este "efecto de acopio preventivo" agotó la demanda inmediata, lo que hace que el colapso de febrero sea aún más severo de lo que aparenta.

Impacto en cada eslabón de la cadena

Importadores y exportadores

•  Más de 7.600 importadores ecuatorianos afectados a nivel nacional; el 50 % son personas naturales.

•  Fedexpor estima pérdidas de al menos USD 25 millones mensuales en exportaciones ecuatorianas hacia Colombia; con la tasa del 50 %, el impacto podría triplicarse a USD 75 millones.

•  Aproximadamente 40.000 empleos directos vinculados a cadenas de exportación hacia Colombia están en riesgo.

•  El sector médico alerta: el 15 % de insumos médicos en Ecuador proviene de Colombia; el sobrecosto adicional asciende a USD 21 millones anuales.

•  La Cámara de Industrias calcula que por cada USD 1 recaudado en tasa, se pierden USD 6 en importaciones formales, con un impacto potencial de al menos 1 punto del PIB.

Agentes de aduana y depósitos temporales

•  Los 18 agentes de aduana del Distrito Tulcán procesaron solo 282 declaraciones en febrero de 2026, frente a 1.045 en febrero de 2025 (–73,0 %). Se estiman entre 127 y 200 empleos especializados en riesgo inmediato.

•  Los 8 depósitos temporales del distrito, con inversión acumulada de USD 15–25 millones en infraestructura, operan por debajo del punto de equilibrio (60–70 % de ocupación mínima).

Transporte pesado

•  El corredor Tulcán–Ipiales movilizó más de 934.000 toneladas en 2024. Hoy, donde cruzaban ~80 camiones diarios, apenas transitan 2 o 3.

•  Más de 3.000 tractocamiones de Carchi están detenidos; los propietarios enfrentan créditos bancarios de hasta USD 100.000 por unidad sin generación de ingresos.

•  Las pérdidas diarias en fletes directos se estiman entre USD 13.800 y USD 27.600 solo en el corredor fronterizo.

El riesgo del contrabando

Con la tasa al 50 % —que equivale a un costo tributario real de ~57,5 % del valor CIF por el efecto multiplicador del IVA— el encarecimiento de los productos colombianos puede superar el 30 % en precio final al consumidor. El riesgo para los operadores formales es doble: pérdida de competitividad y desvío de comercio hacia canales ilegales. Las autoridades militares han identificado al menos 73 pasos ilegales en los 150 km de frontera del Carchi. Las organizaciones criminales cobran USD 7–10 por vehículo como "peaje" clandestino. Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece.

¿Qué viene? Señales a seguir

•  Negociación bilateral: Los gremios empresariales de ambos países exigen diálogo presidencial urgente. La Comunidad Andina emitió un llamado formal a Noboa y Petro. Los canales diplomáticos permanecen abiertos pero sin acuerdo concreto a la fecha.

•  Reorientación de cadenas: Importadores ya comienzan a sustituir proveedores colombianos por origen chino, peruano o estadounidense. Esta reorientación podría ser permanente incluso si se levanta la tasa.

•  Impacto en precios internos: Los sectores de cosméticos, farmacéuticos, vehículos y plásticos —principales rubros importados desde Colombia— ya reportan presiones inflacionarias.